Tras la gran concentración del pasado 30 de noviembre en la madrileña Puerta del Sol, las trabajadoras y trabajadores del sector del transporte sanitario (urgente y no urgente) han convocado cuatro jornadas de huelga. Los días 4, 5, 9 y 10 de diciembre el personal de ambulancias está llamado a parar su actividad para aumentar la presión sobre la patronal y la Comunidad de Madrid de cara a la negociación de un nuevo convenio colectivo. Un convenio estancado desde comienzos de año y al que la patronal solo ha sabido responder con una propuesta “insultante” de recortes –así lo han considerado los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y USO–.
Frente a la situación de un servicio fuertemente precarizado, con plantillas insuficientes, bajos salarios y elevada rotación, la receta de la patronal no ha sido otra que la intensificar los recortes en los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Poner más peso sobre un conjunto de profesionales incapaz de dar abasto y cuyos servicios son esenciales. Como señala Gustavo Gutiérrez, delegado sindical de UGT, el sector de las ambulancias “es un sector indispensable para la sociedad, tanto el urgente como el no urgente, y parece que no nos quieren, nos tienen olvidados”. Como él mismo observa, la falta de inversión de la Comunidad de Madrid en su sector, así como en la Sanidad Pública en general, hace que “todo el sector sanitario esté en guerra”.
Lo que ha desatado este conflicto laboral ha sido una propuesta de la patronal que, con la excusa de combatir el “absentismo”, busca eliminar el complemento salarial por incapacidad temporal (IT). La Seguridad Social cubre por ley el 60% del salario durante las bajas médicas,llegando al 100% por el complemento que abona la empresa –complemento que desean recortar–. Por otro lado, las empresas entienden como absentismo cualquier ausencia del puesto de trabajo que merme la productividad. No solo no se han presentado cifras o informes sobre el supuesto absentismo por parte de la patronal, sino que llaman “absentismo”a las bajas justificadas, los días de asuntos propios, las horas sindicales u otros permisos retribuidos. Todo un asalto a los derechos del personal laboral del sector del transporte sanitario.
Más allá de la eliminación del IT, la patronal se ha negado a considerar una subida real de los salarios, proponiendo aumentos irrisorios muy por debajo del IPC. Por otra parte, han rechazado negociar demandas básicas como el aumento de la nocturnidad, las mejoras de la antigüedad y la reducción de jornada o pluses por peligrosidad. Según Gustavo Gutiérrez, a la patronal se le olvida que los trabajadores no solo están sujetos a riesgos biológicos derivados de su profesión, sino que debido a las extensas jornadas que padecen “estamos expuestos a muchas cosas, como accidentes de tráfico”. Otra cuestión que subrayan sindicatos y trabajadores es la ausencia de inversión en seguridad y prevención de riesgos laborales.
Hay que destacar que buena parte del problema que enfrentan las plantillas deriva del modelo de gestión de la Comunidad de Madrid. La Comunidad mantiene externalizados los servicios de transporte sanitario urgente y no urgente, de modo que saca a concurso los contratos para después adjudicárselos a las empresas que compiten en el sector. Las empresas encargadas de los servicios de trasnporte sanitario en Madrid son SANIR, del grupo ALSA, que se ocupa del transporte urgente y también de uno de los lotes del transporte programado, ocupándose de los demás lotes del transporte programadoAmbulancias Tenorio, SASU y Santa Sofía –esta última en posesión de dos lotes–. Las empresas suelen licitar con ofertas muy inferiores al gasto real de cara a ganar las adjudicaciones, para después decir que no tienen dinero ni recursos que les permitan subir salarios u ofertar un servicio de mejor calidad. Y para evitar una merma de sus beneficios, lo que hacen es precarizar y explotar a los trabajadores con mayor intensidad.
Lo cierto es que la Comunidad de Madrid parece estar en total connivencia con las propias empresas, dado que ha optado por desentenderse de un problema que afecta tanto a los usuarios como a los trabajadores. En lugar de intervenir y organizar una mediación que mejore las condiciones de los trabajadores y del servicio, a la administración autonómica de Isabel Díaz Ayuso parece no importarle lo más mínimo la calidad del mismo. Hablamos de un servicio que es esencial para la salud de las madrileñas y madrileños. Que la sanidad pública no es una prioridad para Ayuso no es ningún secreto. Siendo la Comunidad más rica, las cifras de inversión en la Sanidad Pública de Madrid están a la cola: 1.482 euros por cada madrileño en 2025, una cifra lejos de la media (1.944€) y a casi mil euros de distancia de la comunidad que más invierte, Asturias (2.422€). Pese a que se anuncian subidas para 2026, es más que dudoso que estas vayan a terminar reforzando servicios esenciales. Actualmente, según datos del Ministerio de Sanidad, la ratio de ambulancias en los servicios de urgencias/emergencias por cada mil habitantes en la Comunidad de Madrid es del 1’1, el ratio más bajo de todo el Estado. Estamos ante una estrategia de desinversión que prioriza la sanidad privada y a su estandarte, Quirón, frente a la sanidad de todas y todos.
Para las trabajadoras y trabajadores del transporte sanitario madrileño la situación actual es crítica. La retirada del complemento por incapacidad temporal (IT) solo puede redundar en empeorar su salud y acrecentar el desgaste de una profesión muy física, en la que las lesiones son una constante. Por ejemplo, la ausencia de inversión en seguridad y sillas eléctricas hace que el personal de ambulancias tenga que llevar a los pacientes en sillas de transporte manuales, sin ningún tipo de ayuda mecánica, con todo lo que ello supone físicamente –así nos lo han relatado–. Las demandas de la plantilla son claras: subida salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo, mejoras en la nocturnidad, mejoras en la reducción de jornadas, en la antigüedad y pluses por peligrosidad acordes a la exposición de un trabajo tan duro y esforzado. En resumen,un convenio colectivo que dignifique la vida de los trabajadores y mejore la calidad de los servicios prestados.
Gustavo Gutiérrez, delegado de UGT, afirma tajante que “si no se retira el recorte del IT no habrá acuerdos”. También señala que el personal Técnico de Emergencias Sanitarias es muy consciente de lo que supone una huelga en un sector como el suyo, sobre todo por las personas a las que prestan sus servicios, y que hubieran deseado no tener que recurrir a la huelga y negociar un convenio justo hace meses. Pero sucede que quienes no son en absoluto conscientes de la importancia de este servicio son la patronal del transporte sanitario y la propia Comunidad de Madrid, que permiten salarios bajos, jornadas interminables y abusan de los contratos en prácticas. Multiplican las guardias para evitar nuevos contratos y exponen a los trabajadores y usuarios a múltiples riesgos derivados de unas condiciones laborales tremendamente duras.
Los próximos días 4, 5, 9 y 10 de diciembre las trabajadoras y trabajadores del transporte sanitario llaman a la huelga por un convenio digno y por una sanidad de calidad para todas y todos los madrileños.
Mario Espinoza Pino
Publicado originalmente en Poder Popular
Reflexiones & Sediciones 
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