El Tribunal Supremo ha condenado hoy al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por «revelación de secretos». No se han tomado en cuenta los testimonios de diversos periodistas que, durante el juicio, dejaron claro que el Fiscal nunca fue la fuente primaria de la filtración de aquellos correos. Y es que la información sobre la petición de un pacto con la Fiscalía por parte de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, estaba en manos de varios periodistas antes de que llegara al Fiscal General. Es decir, era de dominio público en varias redacciones, con lo que la acusación de «revelar secretos» o de cooperar a ello no puede sostenerse más que a la fuerza. A fuerza de un ejército togado y conservador a las órdenes del PP, claro.

González Amador había defraudado 350.951 euros a Hacienda, solicitó un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel. Miguel Ángel Rodríguez, escudero de Ayuso, difundió el bulo de que el pacto se había «echado para atrás por órdenes de arriba». Todo falso. Pero ahí parece que la justicia no tiene problema. Las investigaciones de la UCO y del Juez Ángel García Hurtado siempre jugaron con la hipótesis de que García Ortiz era culpable sí o sí, de modo que descartaron informes, recortaron noticias, no dieron relevancia a datos importantes e incluso trocearon mensajes. Solo había un culpable, no había otras vías alternativas de investigación.

Hoy, 20N, el Tribunal Supremo ha anticipado el fallo condenatorio, no sabemos bien si para reivindicar lo conservador de la judicatura y su legado franquista -la transición nunca destituyó como debía a la vieja élite judicial, ni trabajó tampoco por un sistema de acceso que no reprodujese el viejo conservadurismo-. No es raro que resuene en nuestros oídos aquello del «atado y bien atado». Aunque no ha compartido su razonamiento jurídico, el Tribunal ha decidido que inhabilita por dos años al Fiscal General, tendrá que pagar una multa y además indemnizar con 10.000 € a González Amador en concepto de «daños morales». «O me voy de España o me suicido», llego a decir en el juicio. Ni lo uno ni lo otro. De hecho, se acaba de comprar el ático del que disfruta con Isabel Díaz Ayuso gracias a una hipoteca de 600.000€, ahí es nada. Un segundo piso de lujo encima de su ya lujosa casa. Y todo en plena crisis de vivienda para el común de los mortales. No descartemos que además use la sentencia final para salvarse de sus deudas con hacienda. ¿Se imaginan?

El caso tiene aún recorrido y al Fiscal General le quedaría recurrir al Tribunal Constitucional. No obstante, parece que Ayuso está a punto de cobrarse su primera pieza de «Caza mayor»: Álvaro García Ortiz. Pero la verdadera pieza de caza que desea, la que anhela de veras es Pedro Sánchez, pues todo este tinglado se organiza para ir a por él. Y así presionar al gobierno y lograr un adelanto electoral -dimisión y más dimisión-. Recordemos que el PP siempre ha deslegitimado el gobierno de Sánchez. Que Feijóo, ese pequeño napoleón que solo conoce waterloos, se sentía ya presidente en las pasadas elecciones generales aunque no le dieran los votos. Así que han tenido que acudir a la judicatura conservadora para forzar un poco las cosas. El que pueda hacer que haga, que decía Aznar.

Queda claro que quien se mete con Ayuso o su entorno debe andarse con cuidado, pues gracias a su influencia en la judicatura puede convertirse en objeto de Lawfare en un abrir y cerrar de ojos. Solo dos magistradas de los 7 miembros del tribunal han emitido un voto particular: D.ª Ana María Ferrer García y D. ª Susana Polo García. Una excepción insuficiente. Y es que los jueces progresistas son cada vez más una rara avis. Lo cierto es que la judicatura sigue aquejada de un conservadurismo endémico, elitizada por un sistema de promoción que reproduce una ideología regresiva. Este 20 de noviembre nos han recordado quienes son los que mandan allí con esta suerte de golpe. El sentido profundo de que el poder judicial tenga estas características en una democracia, con los tiempos que corren, se lo dejo a ustedes. Pero de aquellas transiciones, estos lodos.

Si el ciclo electoral se abre, quienes nos situamos en una izquierda que piensa más allá del capitalismo deberemos permanecer organizados y atentos. El ascenso del fascismo al poder institucional será un duro reto, pero también provocará un revulsivo social que puede abrir nuevos escenarios políticos, nuevas luchas y articulaciones colectivas. Vienen «tiempos interesantes», que decía la vieja maldición, y nada fáciles.

Una respuesta a “20N: Lawfare y franquismo judicial contra la Fiscalía General del Estado”

  1. […] Este artículo, publicado en Viento Sur, es una versión ampliada del texto 20N: Lawfare y franquismo judicial publicado en este blog. […]

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